La falta de inversión y el rezago educativo que afecta a millones de mexicanos evidencian el incumplimiento del Estado en su obligación de garantizar una enseñanza de calidad
La educación pública en México enfrenta una crisis estructural. Más allá de discursos y promesas, las cifras y las decisiones tomadas en los últimos años muestran con claridad que el país enfrenta una problemática educativa fallida, lo cual debería obligar al gobierno a redireccionar las políticas implementadas para garantizar el derecho a la educación y desaparecer las desigualdades existentes en el acceso a la misma.
La crisis de la educación pública en México no es coyuntural ni producto de factores aislados, sino el resultado de decisiones estructurales que han debilitado al sistema educativo durante años.
La educación suele considerarse una herramienta fundamental para abordar la desigualdad social. Y en México, un país caracterizado por marcadas disparidades de riqueza, el acceso a una educación de calidad tiene marcadas repercusiones no sólo para el individuo, sino también para el desarrollo y progreso de la economía en general.
Por eso la situación de desigualdad por la que atraviesa la educación en nuestro país es alarmante. México enfrenta un panorama educativo donde persisten problemas de recursos insuficientes destinados al gasto educativo, calidad, accesibilidad y desempeño escolar.
El indicador que brinda un panorama más general sobre el acceso a la educación en México es el de carencia por rezago educativo, que forma parte de los indicadores sociales para la Medición de Pobreza, antes elaborados por el extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y actualmente a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Al corte de 2024, la cifra más reciente disponible, 24.2 millones de mexicanos presentaron carencia por rezago educativo; esto implicó que tuvieron un nivel educativo inferior al esperado para su edad. Para dimensionar el tamaño de la población con rezago educativo, este es equivalente al dieciocho por ciento del total.
El gasto público destinado al sistema educativo mexicano también es otro aspecto crítico. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reportó que México destina aproximadamente 4.3 % del Producto Interno Bruto nacional a la educación desde primaria hasta terciaria, una cifra ligeramente inferior al promedio de los países de la OCDE (4.7 %) y ya ni se diga del seis por ciento sugerido por la Unesco necesario para garantizar la calidad y equidad en la educación.
Por niveles, la mayor proporción del gasto se concentra en educación básica, principalmente a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), mientras que la educación media superior y superior reciben una proporción menor del presupuesto total.
En 2024, por ejemplo, el gasto federal en educación básica alcanzó casi 676 mil millones de pesos, frente a menos de 185 mil millones destinados a educación superior.
Si nos referimos a la calidad educativa y condiciones de aprendizaje, la cosa no está mejor. Las evaluaciones disponibles muestran una realidad preocupante: en la prueba diagnóstica aplicada al inicio del ciclo escolar 2024-2025 por Mejoredu, ocho de cada diez estudiantes de tercero de secundaria presentaron deficiencias de aprendizaje en campos clave como matemáticas y pensamiento científico.
En primaria, grados como tercero mostraron niveles aún más bajos: sólo entre 13 y 19 % de alumnos demostraron aprendizajes plenamente desarrollados en materias básicas como Lenguajes y Saberes científicos.
Los recursos para el desarrollo profesional docente se redujeron drásticamente para 2026, con una caída de más del 50 % en el presupuesto total para este rubro, y un desplome de casi 77 % en gasto por docente en educación básica.
Al cierre del ciclo escolar 2024-2025, 994 mil 219 estudiantes abandonaron las aulas, según datos recientes del Observatorio de la Educación. Esta deserción escolar masiva representa no sólo un fracaso del Estado en su responsabilidad educativa, sino también un reflejo de la precariedad que enfrentan millones de familias para educar a sus hijos.
A esto se suman las carencias en infraestructura educativa. De acuerdo con Mejoredu, más de 54 mil 600 escuelas no tienen agua potable, casi seis mil no cuentan con baños, más de 42 mil no tienen lavamanos y cerca de 26 mil carecen de electricidad.
Estas cifras reflejan que una proporción significativa de escuelas en México sigue enfrentando carencias de infraestructura física y servicios básicos, lo que impacta directamente en la calidad educativa, la seguridad y la inclusión de estudiantes.
Asimismo, de acuerdo con Mejoredu, México enfrenta un déficit de docentes especialmente en zonas rurales, comunidades indígenas y modalidades educativas específicas como telesecundarias.
El promedio de alumnos por maestro en México es considerablemente más alto que el promedio de la OCDE, lo cual puede indicar que hay insuficiente personal docente para atender adecuadamente a los estudiantes.
En conjunto, los datos confirman que la crisis de la educación pública en México no es coyuntural ni producto de factores aislados, sino el resultado de decisiones estructurales que han debilitado al sistema educativo durante años.
El rezago educativo que afecta a millones de mexicanos, el bajo nivel de inversión pública, la precariedad de la infraestructura escolar, la falta de docentes suficientes y capacitados, así como el abandono masivo de las aulas, evidencian el incumplimiento del Estado en su obligación constitucional de garantizar una educación pública, gratuita y de calidad.
Mientras no se atiendan de raíz estas problemáticas, con mayor presupuesto, políticas educativas integrales y una verdadera prioridad a las escuelas públicas, especialmente en las zonas más marginadas, la educación seguirá reproduciendo la desigualdad social en lugar de combatirla.
La educación no puede seguir tratándose como un gasto prescindible, sino como una inversión estratégica para el desarrollo del país y la dignidad de su población. De lo contrario, México continuará condenando a millones de niñas, niños y jóvenes a un futuro marcado por la exclusión y la pobreza.
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