Cada 17 de octubre, el calendario nos recuerda una herida que no cierra: el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Es una fecha para la reflexión, pero, sobre todo, para la acción. Sin embargo, en México y en estados como Durango, las cifras convierten esta conmemoración en un amargo recordatorio de la lentitud con la que avanzamos contra un flagelo que lacera la dignidad humana.
No bastan los programas asistenciales que, aunque alivian el hambre momentánea, no rompen el ciclo intergeneracional de la pobreza. Se necesita una revolución en la política social.
Un reciente análisis de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza arroja un balde de agua fría sobre cualquier complacencia. El diagnóstico es contundente: Durango necesitaría doce años para reducir a la mitad su población en situación de pobreza, si continúa al ritmo actual.
Pero el panorama se ensombrece aún más al ampliar la lente. Para el país en su conjunto, la proyección es desoladora: erradicar la pobreza nos tomaría 57 años. Más de medio siglo de espera para algo que es, simplemente, un derecho humano fundamental.
Detrás de estas proyecciones abstractas hay rostros concretos. En Durango, 529 mil personas viven en la pobreza. De ellas, 82 mil 300 se debaten en la pobreza extrema, una condición que significa la privación absoluta de lo esencial: alimentación, agua potable, saneamiento y una vivienda digna. No es una estadística; es la vida diaria de miles de duranguenses que ven postergado, año tras año, el derecho a una vida con oportunidades.
Este ritmo glacial de progreso tiene una consecuencia inmediata: el incumplimiento de los compromisos internacionales. México se comprometió ante la Organización de las Naciones Unidas a reducir la pobreza a la mitad para 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Durango, según la proyección, no alcanzaría esta meta hasta 2037. Ya no se trata de una promesa lejana, sino de un fracaso anticipado.
Peor aún, la entidad forma parte de un grupo de doce estados para los que la erradicación total de la pobreza es una quimera que podría tomar entre 51 y 96 años. Estamos hablando de plazos que superan la expectativa de vida de muchas de las personas que hoy la padecen.
Frente a este escenario desalentador, surgen iniciativas que, si bien son un paliativo necesario, evidencian la magnitud del vacío que deja la política pública.
El Banco de Alimentos de Durango, por ejemplo, realiza una labor encomiable al beneficiar a cerca de 50 mil personas. Su proyecto de construir una sede propia que combine la distribución de comida con capacitación para el empleo es un faro de esperanza y pragmatismo.
Sin embargo, estas acciones, surgidas de la solidaridad ciudadana, no pueden ser la columna vertebral de la lucha contra la pobreza. Son un parche, no la cura.
La pregunta que debe resonar en los escritorios de la administración estatal no es si los cálculos de la organización civil son exactos. La pregunta correcta, la urgente, es: ¿qué están dispuestos a hacer para demostrar que estas proyecciones están equivocadas?
La respuesta no puede ser más de lo mismo. No bastan los programas asistenciales que, aunque alivian el hambre momentánea, no rompen el ciclo intergeneracional de la pobreza. Se necesita una revolución en la política social. Una transformación que vaya a la raíz del problema.
Esta revolución debe pasar, en primer lugar, por la generación de empleos dignos y bien remunerados. Esto exige una alianza estratégica y real con la iniciativa privada, creando incentivos para la inversión productiva y no solo especulativa.
En segundo lugar, es imperativa una inversión sin precedentes en educación de calidad, desde la primera infancia hasta la universidad, que sea el verdadero motor de movilidad social. No se puede combatir la pobreza del futuro sin cerrar la brecha educativa del presente.
Finalmente, se requiere una apuesta firme por la infraestructura productiva, es decir, en carreteras, riego, conectividad, etcétera, que lleve desarrollo a las regiones más marginadas del estado, y por un sistema de cuidados que libere, especialmente a las mujeres, para incorporarse al mercado laboral.
El tiempo de los diagnósticos optimistas y de las promesas retóricas se acabó. Las proyecciones de doce, 57 o 96 años no son una sentencia irrevocable; son una advertencia. Son el reflejo de un presente de insuficiencia.
La pobreza en Durango no es un fenómeno natural e inmutable; es el resultado de estructuras económicas y sociales que podemos y debemos cambiar. Exige una respuesta a la altura de su urgencia, una que convierta la indignación en estrategia, y la espera, en acción inmediata.
El reloj no se detiene, y cada día que pasa sin un cambio de rumbo condena a otra generación a la espera.
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