En el estado de Hidalgo, como en el resto del país, se vive una crisis que sigue creciendo: las desapariciones forzadas. Mientras las familias mexicanas viven con miedo constante, particularmente las mujeres y los jóvenes, las acciones gubernamentales continúan siendo insuficientes y alejadas de un enfoque que aborde las raíces económicas y sociales del problema.
Los datos oficiales y análisis de organizaciones especializadas revelan un panorama alarmante que se ha intensificado en los últimos años, reflejando no sólo una crisis de seguridad, sino un fracaso estructural del modelo económico y social.
El miedo se ha convertido en una herramienta de control social que limita la libertad de movimiento, especialmente para las mujeres, quienes modifican sus rutinas, evitan trasladarse solas y viven con temor constante por sus seres queridos.
Según el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025, Hidalgo experimentó uno de los aumentos más significativos en desapariciones a nivel nacional entre mayo de 2024 y mayo de 2025, con 87 % de incremento en los casos, ubicándose entre los tres estados con mayor crecimiento porcentual. Este aumento supera ampliamente el promedio nacional, que ya de por sí mostraba una tendencia alarmante con 12 % más de desapariciones respecto al año anterior.
El año 2024 registró la mayor concentración de casos en Hidalgo; Pachuca, la capital del estado, fue el municipio más afectado, pasando de 164 a 210 casos en un año, un incremento de 28 %. Casi la mitad (48.31 %) de las personas desaparecidas se encuentra en el rango de edad entre quince y treinta y cuatro años, lo que evidencia que los jóvenes son los más vulnerables.
Las mujeres representan aproximadamente 36 % de las desapariciones y, dentro de este grupo, 22.22 % son adolescentes entre quince y diecinueve años. Respecto a los casos activos, hay 237 personas que continúan desaparecidas, lo que representa un aumento de 44 % respecto al año anterior.
Esta crisis de desapariciones ocurre en un contexto donde 63.2 % de la población urbana mexicana ya percibe su entorno como inseguro. El miedo se ha convertido en una herramienta de control social que limita la libertad de movimiento, especialmente para las mujeres, quienes modifican sus rutinas, evitan trasladarse solas y viven con temor constante por sus seres queridos.
Las desapariciones no ocurren en el vacío, sino como parte de un entramado de violencia multidimensional. A nivel nacional, entre enero y julio de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, los delitos contra la vida aumentaron 2.6 % y las desapariciones subieron 12.9 %. Cuando comparamos estas cifras con las de 2019, las variaciones son aún más marcadas: 82 % de incremento en delitos contra la vida y 69.5 % en personas desaparecidas.
La política estatal se ha centrado en “abrazos no balazos”; después de casi siete años de esta estrategia, los resultados son evidentes: aumento en la percepción de inseguridad y crecimiento de delitos como las desapariciones.
El aumento de desapariciones refleja, según México Evalúa, “un deterioro institucional” en las fiscalías. Esta debilidad institucional no sólo limita la capacidad de respuesta inmediata ante casos de desaparición, sino que también obstaculiza la implementación de políticas preventivas a largo plazo.
La asociación Buscando Hasta Encontrarte A.C. aseguró que en el Servicio Médico Forense de Hidalgo hay más de 670 personas fallecidas y restos humanos que no han sido identificados hasta el momento, por lo que también solicitan saber el estado del proceso de identificación de los cadáveres mencionados.
Resulta imposible analizar la crisis de desapariciones sin contextualizarla en la profunda desigualdad económica que caracteriza al estado. Como señala Maximiliano Gracia Hernández en su obra “Hidalgo: entre la pobreza y la riqueza económica”, el estado ha mostrado históricamente una polarización económica que genera distribución desigual de la riqueza. Esta brecha entre ricos y pobres crea condiciones propicias para la proliferación de actividades delictivas.
El doctor Abel Pérez Zamorano apunta directamente al meollo del problema: “El sustrato social de la delincuencia está en la creciente pobreza y la acumulación insultante de la riqueza”. “El combate a la delincuencia ha ignorado por completo sus raíces sociales y económicas y, consecuentemente, las ha desatendido”.
Los datos son elocuentes: casi 10 millones de personas en pobreza extrema (con hambre) en México, 8.6 millones de jóvenes en edad universitaria que no pueden estudiar ni trabajar, y cerca de 60 % de la población ocupada en el sector informal.
La crisis de desapariciones en Hidalgo no puede resolverse únicamente con medidas reactivas de seguridad. Requiere un enfoque integral que aborde los factores económicos, sociales e institucionales que alimentan la violencia.
Es imperativo reducir los niveles de pobreza y frenar la acumulación de riqueza en pocas manos, que empuja a grandes sectores sociales a buscar en la ilegalidad lo que la sociedad les niega en el marco de la ley. La delincuencia es, en buena medida, correlato inevitable de la desigualdad.
Cada día que pasa sin que se implementen políticas integrales que combatan tanto los síntomas como las causas estructurales de la violencia, más familias en Hidalgo y en México vivirán con el miedo constante de perder a sus seres queridos y más mujeres verán limitado su derecho a una vida libre de violencia.
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