Suspenden cobros de tarifa especial y establecen tarifa única que va desde los doce hasta los veintidós pesos
Xalapa, Ver. En plena cuesta de enero y sin previo aviso oficial, el transporte público en la capital del estado de Veracruz aumentó hasta un 33 %, con la autorización de la Dirección de Transporte Público del Gobierno de Veracruz.
A ello se suma que los concesionarios del servicio decidieron suspender el cobro de tarifa especial para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, y cobrar a todos una tarifa única que va desde los doce hasta los veintidós pesos.
Este aumento en la tarifa, que antes era de seis pesos para estudiantes y nueve pesos de pasaje entero, afecta sobre todo a las familias trabajadoras del estado. Además, tras el incremento del costo del pasaje en Xalapa, diversas líneas de autobuses urbanos en la mayoría de las grandes ciudades del estado anunciaron alzas en el precio de sus tarifas, a pesar de no contar todavía con autorización oficial.
Esta situación ha generado mucha inconformidad en todo el estado, como por ejemplo en la conurbación Veracruz-Boca del Río, la región más poblada de la entidad y donde diariamente se movilizan en transporte público cerca de un millón de veracruzanos. Los camioneros aumentaron las tarifas hasta doce pesos de pasaje general.
Así lo denunció la señora Irene Prudente, habitante de la ciudad de Veracruz, quien envía a su nieto a la escuela y pasó de pagar catorce pesos en pasaje a los veinticuatro pesos que gasta ahora.
“Escuché en un audio que ya no les darán descuento a los estudiantes; a mí me afecta mucho. Además, los carros andan todos destartalados y se descomponen a cada rato; las sillas están dañadas, al interior de los carros gotea y entra el agua cuando llueve”, dijo en entrevista.
Los trabajadores veracruzanos manifiestan su desacuerdo con la actitud asumida por los concesionarios del transporte público, pues aseguran que decenas de unidades carecen de seguridad y se encuentran en condiciones deplorables que las vuelven peligrosas e impiden contar con las condiciones mínimas para prestar adecuadamente el servicio.
“Lo que queremos es que haya buen servicio, aunque subiera el costo del pasaje, pero que mejore el servicio. Yo vivo en la colonia Miguel Alemán, tomo más de cuatro camiones al día y no me parece que tengamos que pagar tanto para venir a trabajar, además de que nos brindan un mal servicio. Es muy difícil: yo vivo sola y si trabajo tengo dinero y si no, no tengo. Quisiéramos que los gobiernos vean eso, que no le suban al costo del pasaje porque al hacerlo nos afectan a todos los más humildes, a las personas de la tercera edad y a los estudiantes”, dijo la ciudadana Irma Mendeza.
Por otro lado, ante el anuncio oficial realizado por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, de que su gobierno aprobó el aumento al costo del transporte público en la capital, los veracruzanos llamaron a la morenista a vigilar que los concesionarios y empresas transportistas realmente mejoren el servicio, den mantenimiento a las unidades y respeten las disposiciones contenidas en la Ley de Tránsito y el Reglamento de Transporte Público.
“Hay unidades con choferes que no escuchan a la gente y se dan muchos accidentes; las unidades van muy llenas y tardan demasiado en pasar. Si van a componerlas y van a meter nuevo transporte, adelante, pero el servicio que tenemos ahora no da para pagar ni un peso más”, señaló Dalia María Medina, vecina afectada.
Por otro lado, diversas organizaciones, colectivos ciudadanos y representantes de la oposición política, así como del mismo grupo gobernante, han manifestado su desacuerdo con la medida autorizada por el gobierno, pues el aumento al costo del transporte público no fue resultado de ningún estudio socioeconómico que lo sustentara, sino de un mero acuerdo entre el gobierno y los transportistas, quienes llevan tiempo exigiendo que se les permita cobrar más por el servicio, argumentando el aumento en el costo de los combustibles, el salario de los trabajadores y la inflación.
Aunque hasta el momento la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, anunció que el incremento únicamente fue autorizado en la ciudad de Xalapa y que se sancionará a los camioneros de otros municipios que incumplan con las tarifas autorizadas, los veracruzanos ven con recelo la situación, pues han aumentado las presiones de los transportistas para lograr las autorizaciones correspondientes del gobierno estatal.
En este sentido, Andi Uriel Hernández Sánchez, vocero del Movimiento Antorchista en Veracruz, llamó al gobierno estatal a actuar con mucha prudencia y responsabilidad social, para no dejarse llevar por las presiones de los concesionarios ni autorizar incrementos en el costo del pasaje que no estén sustentados en estudios económicos rigurosos que permitan establecer precios que no afecten gravemente el bolsillo de los veracruzanos ni pongan en riesgo el sostenimiento de las empresas transportistas, como ellos lo demandan.
Al mismo tiempo, dijo que no es correcta la posición de diversos apologistas del gobierno y funcionarios públicos que intentan justificar la medida argumentando que los ingresos de la gente humilde han crecido en los últimos años gracias a los programas de transferencia monetaria y al incremento del salario mínimo.
“Ese argumento es muy peligroso y es una forma de atajar la problemática por la salida más fácil, pero la realidad es que el incremento al salario mínimo no ha beneficiado a una población mayoritaria, sino únicamente a un 30 %, según estudios del propio gobierno, debido a que la mayoría de la población vive del empleo informal, hasta un 70 %, y para este sector el aumento por decreto sencillamente no aplica”, señaló el vocero antorchista.
“También debe tomarse en cuenta que, aparejado con los programas sociales, se han incrementado exponencialmente los precios de los productos de la canasta básica, los costos de educación y de atención a la salud, porque se ha ido perdiendo la gratuidad de estos servicios.
Entonces, aunque la gente recibe esas ayudas, ese dinero se utiliza para compensar los altos costos de los alimentos o los gastos de atención a la salud, particularmente en el caso de los adultos mayores, ante el desmantelamiento del sistema de salud gratuito y público”, indicó.
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