• 1.3 millones concentran 35 % del ingreso y 40 % de la riqueza en México
La desigualdad económica se ha incrementado en nuestro país y, con ella, de manera simultánea, la desigualdad social. 1.3 millones de personas, el 1 % más rico de la población de nuestro país, perciben el 35 % del ingreso total y poseen el 40 % de la riqueza privada nacional (“Oligarquía o democracia. Nueve propuestas contra la acumulación extrema del poder en México”. Oxfam, 2026).
La concentración de la riqueza en una pequeña élite permite a esa minoría controlar gobiernos y legalizar la explotación de los trabajadores.
Dentro de las múltiples consecuencias que acarrea la concentración de la riqueza en una pequeña élite exclusiva, se encuentra la posibilidad, sólo de unos cuantos, de acceder a mejores condiciones de vida y oportunidades, además de que, en virtud del incremento de la fortuna a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población, y la facilidad, únicamente de esa minoría, de contar con el poder económico para establecer el dominio social y político con el control de gobiernos y parlamentos (cámaras de diputados y senadores) y, con ello, la legalización de la riqueza obtenida a través de la explotación de los trabajadores y, simultáneamente, la protección de esta riqueza del peligro que representa el aumento en la cantidad de pobres.
La desigualdad económica siempre implica desigualdad social y política. Para comprobarlo, solo basta mirar a nuestro alrededor y verificar el estado en que se encuentran las colonias en que vivimos los pobres, la carencia de servicios y los obstáculos que tenemos que sortear de manera cotidiana para sobrevivir con lo más elemental, la falta de oportunidades que tienen nuestros jóvenes para contar con un trabajo seguro y bien remunerado, para realizar deportes, cultivar su intelecto, prepararse académicamente o simplemente para ocupar su tiempo libre de manera productiva en espacios recreativos.
En contraparte, observemos las zonas residenciales de la “gente exclusiva”, con sus guardias de seguridad privada en cada uno de sus accesos, cámaras de vigilancia en todas las calles y parques, servicios públicos seguros y eficientes, en donde nunca falta el alumbrado público y agua potable y en las que sus moradores, para tratarse sus enfermedades, asisten a los servicios privados de salud, sus jóvenes a selectos colegios y universidades particulares.
Esa lastimosa desigualdad social es el resultado inmediato de las diferencias económicas, que, a su vez, tienen su origen en la propiedad privada de los medios de producción.
En cuanto a nuestros derechos políticos, ¿podremos colocar fácilmente a algún candidato de nuestro pueblo en algún partido político tradicional para competir exitosamente por alguna gubernatura o presidencia de la república? Difícilmente.
Sabedores de que los cargos políticos en países con una democracia como la nuestra son la mejor oportunidad para el enriquecimiento personal a costa de los impuestos de la población, la competencia interna para la selección del candidato se convierte en una verdadera contienda económica, en donde el grupo vencedor es el que más invierte y la persona más idónea es aquella que garantiza recompensar a los acreedores, a los que aportan desinteresadamente, eso dicen, dinero, transportes, gasolina o productos de regalo para la población.
Esta realidad, oculta tras la manipulación ideológica y control de la población, podrá permanecer vigente durante siglos si los pueblos empobrecidos no se deciden a luchar por la defensa de sus derechos y por la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Es una fantasía creer que el mismo desarrollo de la producción, la ciencia y la técnica implica un mejoramiento paulatino de las condiciones de vida del pueblo.
Esa idea es promovida y difundida por quienes, en el fondo, desean mantener al pueblo adormecido e impedirle que luche por la eliminación de las desigualdades, por aquellos cómplices, conscientes o ingenuos, de los dueños del capital, por los reformistas, miembros, muchos de ellos, de los partidos políticos tradicionales.
Debemos recordar que las reformas son concesiones que hacen los verdaderos dueños del poder a través del gobierno, sabedores de que ellas no ponen en peligro su existencia como clase ni sus privilegios.
El pueblo debe luchar y, en este sentido, tienen un gran significado político las celebraciones de los 40 años del trabajo del Movimiento Antorchista en la colonia El Tejolote, en el municipio de Ixtapaluca, y de los 38 en el municipio de Nicolás Romero.
Ambos acontecimientos, a realizarse este fin de semana, son un merecido reconocimiento a la determinación de los habitantes de las comunidades humildes para organizarse, unificar esfuerzos, defender sus derechos y reconocer, mediante la educación política, que el verdadero cambio comenzará el día en que los pobres, a través de su sector más decidido y firme, tomen las riendas de este país.
Los dos ejemplos de organización y lucha, como muchos otros a lo largo y ancho del país, comparten el mismo origen: las difíciles condiciones económicas, la falta de oportunidades y el menosprecio de los gobernantes, quienes solo ven al pueblo como la oportunidad para legitimarse en el poder.
Como hermanos de suerte y de destino, estos dos esfuerzos organizativos ofrecen a todos los pobres de nuestra patria el más claro ejemplo de los logros que son capaces de realizar los trabajadores cuando se unen y organizan.
Los triunfos obtenidos en ambos casos, como lo son la oportunidad de vivienda, de educación, salud y servicios públicos y que benefician a miles de familias, son una conquista sobre cacicazgos y gobiernos a quienes no interesa el bienestar y progreso de los humildes. Son un llamado a todos para construir una sociedad que ofrezca mejores condiciones de vida a quienes, con su trabajo, crean la riqueza económica que, lamentablemente, solo disfrutan unos cuantos.
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