El derecho a la vivienda digna está plasmado en la Constitución de 1917, donde se establece que todas las personas tienen derecho a una vivienda digna y decorosa. Este derecho se encuentra plasmado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los elementos de una vivienda adecuada: certeza jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequible a los ingresos de los trabajadores, que tenga condiciones de habitabilidad, cuente con espacios amplios, tenga iluminación y ventilación, disponga de infraestructura y servicios básicos. Es una afirmativa que el derecho a la vivienda es letra muerta en papel archivado desde hace décadas en las arcas gubernamentales. Las estadísticas oficiales sobre la falta de vivienda, la precariedad de esta y el estado irregular en que se encuentran decenas de miles de viviendas en todo el estado es un monstruo con varios tentáculos con el que las autoridades no han podido y no han querido acabar con él. En la entidad hay aproximadamente 691,000 sonorenses que no tienen vivienda propia; si en promedio las familias en el estado lo integran tres personas, entonces 230,000 familias en el estado no tienen vivienda, lo que representa el 23% de la población en la entidad.
Los problemas de vivienda los podemos clasificar en cuatro. En primer lugar, están las familias de muy escasos recursos que se encuentran desposeídas de un terreno donde vivir; otras que sí cuentan con un lote baldío que han adquirido con mucho esfuerzo económico y que no tienen recurso para poder edificar una casa digna. En segundo lugar, el 58.3% de las casas sonorenses registran una necesidad de construcción o ampliación de espacios en diferentes grados. El tercer problema: se requiere en miles de hogares un mejoramiento en su vivienda, falta enjarre, piso, pintura, impermeabilizante, etc.; alrededor de 314,802 casas cuentan con problemas de grietas o cuarteaduras en techos y muros de su estructura, más el 35.6 por ciento del total, equivalente a un aproximado de 312,172 viviendas en Sonora, tienen problemas estructurales de humedad o filtraciones de agua en cimientos, muros o techos, requieren mantenimiento y mejoramiento; hasta ahora las inversiones públicas para apoyar a este tipo de viviendas es mínimo. Además, solamente el 22.5 por ciento, es decir, 197,299 viviendas sonorenses tienen hasta 55 metros cuadrados de construcción en sus hogares, son espacios reducidos y con poca luz, haciendo espacios incómodos para los que la habitan. El cuarto problema es que en las zonas rurales como urbanas predomina el estado irregular que guardan los miles de lotes donde se construyeron las viviendas desde hace décadas y que hasta ahora por desidia de los posesionarios, trabas burocráticas o trámites engorrosos legales en las oficinas gubernamentales han impedido que se obtenga un documento que le dé certeza jurídica a las familias que ahí habitan.
Por otra parte, las dos instituciones más importantes encargadas de otorgar créditos de vivienda (Infonavit e ISSSTE) en nuestro país, están entramadas en enredos financieros, jurídicos, burocráticos y corruptelas que al final se han convertido en un caos sin salida. Hay decenas de miles de créditos; estos, al ser muy altos los intereses y el costo de la vivienda, los derechohabientes las han dejado de pagar y las abandonaron. Estas fueron invadidas por familias que no cuentan con ningún tipo de crédito, que la necesidad de una vivienda los obligó a ocuparla y ahí permanecen; otras se encuentran inconclusas y abandonadas desde hace ya varios años. Entonces se tienen miles de casas invadidas por personas que no son los propietarios, que están dispuestas a pagar la vivienda a costos accesibles pero que hasta ahora la institución crediticia no les da ninguna respuesta. Por otra parte, para obtener un crédito Infonavit, se requiere tener un empleo formal y haber cotizado, alcanzar un mínimo de puntos para acceder a un crédito. El monto del crédito y las condiciones varían según el salario y la trayectoria del trabajador. Al final hay miles de trabajadores que tienen percepciones salariales bajas, que durante años no han alcanzado a acumular el número de puntos para obtener una vivienda. Por eso hoy, con las modificaciones a la ley de Infonavit e ISSSTE, esperamos que estos miles de trabajadores sean beneficiados; por el contrario, se tendrán que atrincherar en las oficinas y denunciar a los funcionarios que se han convertido en una traba para que ellos sean beneficiados y pedir su destitución.
Las acciones de gobierno de antes y ahora no tienen un plan claro, preciso y efectivo para atacar y resolver de raíz los diferentes problemas históricos de las pésimas condiciones y la falta de la vivienda, dos condiciones que todos los días carcomen y lastiman a decenas de miles de familias de escasos recursos que viven en Sonora. Hace unas semanas se han anunciado programas federales gubernamentales de vivienda enfocados a las familias de más bajos ingresos, pero al asistir a las diferentes oficinas de los dos niveles de gobierno federal y estatal, nos encontramos con una serie de problemas del manejo de la información sobre la ejecución del programa y las dificultades que se han encontrado en cada municipio para darle concreción a la construcción de las viviendas tan anunciadas. El anuncio del programa de vivienda ha causado tanto revuelo entre la gran población debido al número de personas que no cuentan con vivienda propia, pero desde ahora podemos adelantar que este programa tendrá más errores que aciertos; no lo expresamos porque ese sea nuestro deseo, sino porque nos hemos dado cuenta de todos los claroscuros que se están presentando desde ahora, cuando todo está en proyecto. Por ello, hago un llamado a todas las personas que necesitan una vivienda que demos seguimiento puntual en las oficinas responsables de estos programas (CONAVI, SEDATU, Infonavit, Secretaría de Bienestar) para exigir en el momento que sea necesario que se materialice en los hechos este o tal programa, así como lo han anunciado hasta el cansancio en los medios de comunicación. Para que se les entregue en orden de prioridad, sin condiciones, a todos los que lo necesiten, echando por delante a los más humildes que solo se dicen de nombre ser mexicanos pero que no tienen un pedacito de patria donde vivir. Todos puestos a luchar por una vivienda digna para todos.
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