El 6 de junio, Día de los Mártires Antorchistas, no es sólo una fecha conmemorativa, sino un recordatorio crudo de la violencia política y social que sigue ensangrentando a México, particularmente en Guerrero, donde la lucha por la justicia social se paga con sangre. Este día evoca emociones encontradas: dolor por las vidas arrebatadas, indignación por la impunidad que continúa, pero también admiración por la solidez de un movimiento que se niega a ser silenciado.
En Zapotitlán, cuna del antorchismo guerrerense, los homenajes a los mártires no son sólo actos de memoria, sino de resistencia.
Con una tasa de homicidios dolosos que supera los 60 por cada 100 mil habitantes (casi el triple del promedio nacional), nuestra entidad se ha convertido en un campo de batalla donde la defensa de los derechos de los pobres es un acto de alto riesgo.
El caso más reciente y brutal es el de la familia Hernández Martínez: Conrado Hernández Domínguez, Mercedes Martínez Martínez y su hijo Vladimir, de apenas cinco años, asesinados el 12 de abril de 2023 en Chilpancingo. El vehículo en el que viajaban apareció en un barranco, pero sin los daños propios de un choque. A más de dos años del crimen, ni detenidos ni investigaciones concluyentes.
Este caso no es aislado. Guerrero acumula una lista de luchadores sociales asesinados con total impunidad:
Alfonso Cruz Rivera fue integrante del comité del pleno antorchista en la comunidad Escalerilla Lagunas y fungía como suplente del presidente municipal; fue asesinado el 18 de abril de 2009, cerca de la localidad Xalpizáhuac, sobre la carretera Lucerito-Tlatlauquitepec del municipio de Atlixtac.
José Santiago Agustino fue miembro activo del pleno antorchista de Zapotitlán Tablas y presidente municipal; fue asesinado un año después, el 28 de abril de 2010 en Chilpancingo, cuando salía del mercado Benito Juárez junto con un grupo de asesores, regidores, chofer y otros cercanos colaboradores. A más de una década, sus casos siguen en la opacidad.
Florián Reyes Rafaela, activista de la colonia Nueva Revolución, fue secuestrado y asesinado en noviembre de 2015 por exigir la regularización de tierras. Su crimen, como los anteriores, quedó en el olvido.
Según el informe Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Riesgo (2023), México es el país más peligroso para el activismo social en América Latina, con más de 1 mil 500 asesinatos desde el 2000. Guerrero, junto con Oaxaca y Chiapas, concentra el 40 % de estos crímenes.
En Zapotitlán, cuna del antorchismo guerrerense, los homenajes a los mártires no son solo actos de memoria, sino de resistencia. Cada año, las comunidades se reúnen para gritar: ¡Justicia!, una consigna que rechaza el olvido y exige justicia.
El Movimiento Antorchista Nacional sabe que el mejor homenaje a sus caídos es continuar con la lucha por una patria más justa. En un México donde el 43.9 % de la población vive en pobreza (Coneval, 2022), nuestra labor —desde la gestión de servicios básicos hasta la denuncia de la corrupción— sigue siendo no sólo necesaria, sino urgente.
Pero Guerrero demuestra que, cuando el activismo amenaza intereses de caciques o poderes fácticos, la respuesta es la bala, no el diálogo. Mientras el Estado no asuma su responsabilidad de proteger a los defensores sociales y de castigar a los asesinos, la lista de mártires puede seguir creciendo.
Conrado, Mercedes, Vladi, José, Alfonso, Florián… ¡Presentes! ¡Presentes! ¡Presentes! Su lucha no fue en vano. Su sangre sigue gritando justicia. Y mientras el antorchismo exista, su voz no será silenciada.
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