Ixtapaluca, México, a 26 de noviembre de 2025. Bloqueos y manifestaciones son un problema que cobra mayor relevancia en el Estado de México, ya que empieza a ser un fenómeno recurrente. Esto volvió a evidenciarse este 24 de noviembre con el megabloqueo nacional que paralizó autopistas federales, carreteras estatales y accesos a la Zona Metropolitana del Valle de México. Transportistas, campesinos y productores cerraron tramos clave, afectando a miles de automovilistas y retrasando el transporte de mercancías en un corredor que mueve buena parte de la economía nacional, incluyendo a las miles de personas que se trasladan a sus empleos, todo ante la falta de atención de los distintos niveles de gobierno.
En la Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno contabilizó 2,761 movilizaciones en 11 meses, un promedio de ocho por día, lo que muestra un aumento sostenido en la presión social alrededor de la capital del país. En el Estado de México no existe un mecanismo que registre con puntualidad la cantidad de movilizaciones, solo cálculos de 2024 que indican que, en 10 meses, hubo alrededor de 1,200 manifestaciones.
Las movilizaciones que se han multiplicado en el último año responden, en su mayoría, a un conjunto de demandas que se repiten prácticamente en todo el país: comunidades que exigen agua potable ante cortes prolongados o servicios colapsados; colonias que reclaman fallas constantes de electricidad o la falta de alumbrado público; organizaciones vecinales que piden mejores condiciones de transporte, regularización de rutas y obras de movilidad; padres de familia que demandan escuelas seguras y con infraestructura básica; usuarios que enfrentan deficiencias en servicios de salud; así como sectores productivos —campesinos, transportistas y obreros— que protestan por incumplimiento de precios de garantía, adeudos federales, inseguridad en carreteras, robo de carga y falta de mecanismos reales de atención gubernamental. Estas exigencias, diversas en origen, coinciden en un punto: la percepción generalizada de que las autoridades no están respondiendo con soluciones de fondo.
Esos son los datos oficiales. Por su parte, las organizaciones que participaron en el megabloqueo de este lunes sostienen que el origen de la escalada de protestas es la falta de atención del gobierno, sobre todo en el campo y en la seguridad carretera. Los productores de maíz y otros granos reclaman que el programa de precios de garantía no cubre sus costos y que el gobierno federal mantiene una oferta de 6,050 pesos por tonelada frente a los 7,000–7,200 pesos que exigen para hacer rentable la cosecha. A ello se suman denuncias de adeudos y retrasos en pagos por parte de Segalmex y Sader en distintos cultivos, que han provocado cierres de carreteras en estados como Michoacán. En paralelo, el sector transportista señala que transitar por las carreteras federales y estatales se ha vuelto una actividad de alto riesgo: reportes de la consultora Overhaul indican que Puebla y el Estado de México concentran juntos alrededor del 40–45 % de los robos al transporte de carga en el país, que más de ocho de cada diez asaltos se cometen con violencia y que el Edomex figura de manera recurrente entre las entidades con más incidentes y corredores más peligrosos para el autotransporte. Por su parte, el gobierno federal ha minimizado las protestas recientes.
Especialistas consultados por diversos medios apuntan que, independientemente del origen de las inconformidades, las afectaciones económicas y sociales son crecientes. Según estimaciones de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, cada hora de bloqueo en una autopista federal puede representar pérdidas de entre 70 y 120 millones de pesos por retrasos logísticos, costos adicionales de combustible, desvíos y daños a mercancías perecederas. Además, los cierres dificultan el acceso a servicios, generan congestionamientos de varias horas y afectan directamente a millones de habitantes del Valle de México, una de las zonas más transitadas del continente. Quienes se manifiestan, en todas las ocasiones, acusan que es responsabilidad del gobierno.
Mientras tanto, en los medios de comunicación se difunde un intercambio constante de declaraciones entre el gobierno y los manifestantes, quienes amenazan con nuevos bloqueos, sin que se presenten soluciones a los problemas que originan las protestas, lo que provoca un incremento gradual de la inconformidad que el gobierno parece no tener la intención de atender.
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