Una enfermedad que creíamos desterrada vuelve a acechar a México. Tras décadas de considerarse erradicada, el sarampión ha regresado y expone, una vez más, las profundas grietas de nuestro sistema de salud pública. Lo que hoy es una emergencia nacional con miles de casos y más de una veintena de muertes, fue un desastre anunciado y minimizado por las autoridades hasta que la realidad resultó imposible de ignorar.
Las cifras son contundentes y escalofriantes: al 20 de enero de 2026, la Secretaría de Salud (SSa) reporta 7 mil 188 casos confirmados acumulados. En tan solo una semana, entre el 13 y el 20 de enero, los casos aumentaron en 452 nuevos contagios.
El objetivo de alcanzar una cobertura del 95 %, nivel necesario para cortar la cadena de transmisión, es una meta que debió perseguirse desde 2023, no a partir de enero de 2026.
Este brote, que se extendió a las 32 entidades federativas, ha cobrado la vida de al menos 24 mexicanos. El panorama es tan grave que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha puesto al país en una alerta máxima, concediendo una prórroga de sólo dos meses para frenar la transmisión y evitar la pérdida de la certificación de país libre de transmisión endémica.
El origen de esta crisis no es un misterio. El secretario de Salud, David Kershenobich, ha atribuido el resurgimiento a los rezagos de vacunación derivados de la pandemia de covid-19.
Si bien la pandemia interrumpió servicios de salud a nivel global, la responsabilidad del Estado mexicano radica en no haber implementado, en los años posteriores, una campaña agresiva y efectiva de recuperación. El sistema falló en localizar y vacunar a la población que había quedado desprotegida, permitiendo que se acumulara un polvorín susceptible de explotar.
La alta transmisibilidad del virus —donde una persona infectada puede contagiar a entre quince y dieciocho personas más— exigía una velocidad de respuesta que nunca llegó. Los primeros casos se detectaron en febrero de 2025. Sin embargo, la acción contundente se anunció casi un año después, cuando el brote ya tenía cobertura nacional.
Esta inercia burocrática e indolencia política tiene un costo humano preciso: los grupos más afectados son los niños pequeños, cuya protección depende críticamente del calendario de vacunación. Los menores de uno a cuatro años encabezan la lista con mil 103 casos, seguidos por adultos jóvenes de 25 a 29 años, con 795 casos, muchos con esquemas de vacunación incompletos.
Frente al avance implacable del brote, la respuesta oficial ha transitado entre la autocomplacencia y las medidas de último minuto.
En la conferencia matutina del 20 de enero, las autoridades aseguraron contar con más de 23.5 millones de vacunas para los próximos dos años. Pero esta cifra, presentada como triunfo, genera más preguntas que certezas: ¿Por qué la cobertura no alcanzó a tiempo a los más vulnerables? ¿por qué comunidades enteras reportan desabastos y tienen que esperar a que sus bebés sean “prioridad” para recibir la dosis?
La estrategia actual, que incluye una “dosis cero” para bebés de seis a once meses y la focalización en personal de salud, educativo y jornaleros agrícolas, es correcta pero tardía. El objetivo de alcanzar una cobertura del 95 %, nivel necesario para cortar la cadena de transmisión, es una meta que debió perseguirse desde 2023, no a partir de enero de 2026.
La OPS ha fijado una revisión técnica definitiva para el 13 de abril. En esa fecha, el mundo evaluará si México logró controlar lo que pudo y debió prevenir.
Este brote deja al descubierto una crónica inversión de prioridades. Se anuncia con bombo y platillo la adquisición de millones de vacunas cuando el brote ya es incontrolable, pero se omiten las preguntas incómodas sobre el colapso del sistema de vigilancia epidemiológica y la falta de inversión sostenida en atención primaria.
Se habla de instalar módulos en aeropuertos pensando en el Mundial de la FIFA, mientras en municipios pobres y comunidades rurales la vacunación llega a cuentagotas.
La “austeridad republicana”, esgrimida como virtud, se revela una vez más como una política de abandono que sacrifica el bienestar de la población, especialmente de los más pobres, en el altar del equilibrio fiscal.
La salud pública no puede depender de campañas reactivas y anuncios triunfalistas. Exige planeación, financiamiento constante y un compromiso inquebrantable con la prevención, compromiso que muestran muchos elementos del personal de las instituciones de Salud, pero cuyos esfuerzos pocos resultados rendirán sin un plan científicamente pensado y con recursos suficientes, orientados a impedir la proliferación de enfermedades en México.
El llamado final no puede ser sólo a la vacunación individual, aunque esta es urgente y vital. Debe ser, sobre todo, exigir que el Estado mexicano cumpla con su obligación constitucional de garantizar el derecho a la protección de la salud.
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