Hace nueve días vino a Mazatlán, Sinaloa, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Su visita, que originalmente estaba programada para Guasave, fue cancelada y, de último momento, se anunció para Mazatlán. Creo que el clima de inseguridad que sufre el estado influyó en tanto cambio.
¿Cómo hay recursos para una jornada electoral innecesaria del Poder Judicial donde se gastarán recursos por 13 mil millones de pesos, y no los hay para el campo sinaloense y de todo el país que sufre una sequía enorme?
Los sinaloenses, afectados en su vida social y productiva por la gran inseguridad que no cesa y por los efectos de la falta de lluvia del año pasado —que al día de hoy mantiene a las once presas del estado en apenas 6.3 % de almacenamiento, y a cuatro de ellas ya completamente secas— esperaban un mensaje sobre estos temas. Es cierto que el evento se enmarcó en el ámbito de la salud, pero las circunstancias en que vive el estado obligaban a la presidenta a realizar un pronunciamiento y brindar atención a los temas mencionados.
Como dicen los jóvenes, a la presidenta le faltó empatía con los sinaloenses que viven a diario con el “Jesús en la boca”, pues para trasladarse a sus labores tienen que transitar por calles y carreteras donde casi a diario hay balaceras que ponen en riesgo sus vidas y las de sus hijos.
Los meses pasan y no se ve el fin de este calvario. Como dice el dicho: tocaron el panal y ahora ya no pueden controlar el avispero, y quienes sufren las consecuencias no son los que provocaron esta guerra, sino los ciudadanos.
En el tema de la sequía, ni una palabra. Ni señas del anuncio de declarar al campo sinaloense como zona de desastre, ni de recursos financieros extraordinarios al gobierno del estado para que enfrente esta emergencia.
Todos los que vivimos en Sinaloa sabemos de los efectos que han provocado, una y otra situación, en la economía de las familias: miles de negocios cerrados —pequeños, medianos y grandes—, falta de empleo, despidos de trabajadores por parte de las empresas debido a sus bajas ventas.
En las pequeñas ciudades y sindicaturas, donde la vida económica depende más de las actividades agropecuarias, el panorama es desolador. No hay empleo. La superficie de siembra de maíz desde diciembre del año pasado se redujo a menos del 50 %.
Y la cosecha, mucho más: está calculado por la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC) en Sinaloa que sólo esperan un millón 700 mil toneladas de maíz, cuando Sinaloa aportaba históricamente seis millones de toneladas.
Esta disminución drástica del 70 %, sin duda alguna, no sólo impactará a Sinaloa, sino también a la economía de las familias mexicanas, pues es seguro que subirá el precio del maíz y, por tanto, el de la tortilla, principal alimento de los mexicanos.
Pregunto: ante esta realidad, ¿por qué la presidenta se niega a realizar la declaratoria de desastre al campo sinaloense? ¿Por la falta de recursos en las arcas nacionales? Pues, ¿no que vamos bien?
¿Cómo hay recursos para una jornada electoral innecesaria del Poder Judicial donde se gastarán recursos por 13 mil millones de pesos, y no los hay para el campo sinaloense y de todo el país que sufre una sequía enorme?
El discurso de las mañaneras de que vamos bien no se refleja en la vida real de los mexicanos. Bien harían los consejeros de la presidenta en no endulzarle el oído y decirle que México necesita un verdadero cambio en la política económica y social.
Entre una de las medidas: una reforma fiscal urgente para que se les cobre a los más adinerados del país —que se han beneficiado del pago de bajos salarios a los trabajadores mexicanos y con ello han amasado e incrementado sus grandes fortunas—.
Esta reforma es necesaria para que el gobierno mexicano tenga suficientes recursos para enfrentar situaciones como las hoy comentadas y darle a los mexicanos una vida más digna y, en el caso del campo, un impulso que lo haga más productivo y nos permita alcanzar, en un corto plazo, la autosuficiencia alimentaria, tantas veces repetida en el discurso, pero cada día más alejada de la realidad por el abandono del gobierno al campo mexicano.
Por lo pronto, como dice la vieja consigna zapatista, la lucha sigue. Y los antorchistas de Sinaloa no cejaremos en alzar la voz y exigir que se declare zona de desastre al campo sinaloense. Pues, aunque próximamente lleguen lluvias suficientes, las familias que dependen del campo tendrían ingresos de sus cosechas hasta mayo o junio del año venidero, y los jornaleros hasta septiembre del presente año, si bien les va.
En los próximos días haremos acto de presencia en las oficinas de la Conagua y del Bienestar federal para exigirles que hagan la declaratoria e intervengan ante esta emergencia.
Al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y al secretario de Agricultura estatal, Ismael Bello Esquivel, les pedimos que retomen la exigencia de recursos de la Federación para ayudar a los productores agropecuarios.
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