Mientras la industria, las hidroeléctricas, las termoeléctricas y —según se afirma— la agricultura y la ganadería industrializadas siguen gastando tanta agua como necesitan, millones de mexicanos padecen la peor crisis hídrica que ha sufrido el país.
Millones de personas conectadas a la red de agua potable ya no reciben ni una gota del líquido en sus hogares durante largas temporadas.
Millones de personas no tienen posibilidad de tomar siquiera un trago de agua sin que eso afecte seriamente sus bolsillos, pues para tener acceso al líquido deben desembolsar entre 800 y mil 200 pesos por una pipa que cubra sus necesidades de cocina, lavado de ropa, aseo personal, limpieza del hogar y, por supuesto, consumo. Según los expertos, este debe ser de dos a dos litros y medio diarios para mantener una hidratación adecuada.
No sólo se trata de los 15 millones de personas que no cuentan con agua potable porque sus viviendas no están conectadas a una red de distribución, sino también de quienes, estando conectados, pasan largas temporadas sin una gota de agua en sus domicilios, por lo que se ven obligados a comprarla en pipas.
No tener agua entubada en casa es un problema de infraestructura, pero también una gran injusticia: la gente paga impuestos y sus viviendas siguen sin acceso a la red de agua.
Desde hace años, especialistas han alertado sobre la reducción del agua dulce disponible para consumo humano. En 1950, el promedio era de 18 mil metros cúbicos por persona; para 2015, se había reducido a 3 mil 692.
En este 2025, se estima que el consumo diario por habitante es de 380 litros, aunque organismos internacionales recomiendan solo 100 litros al día. Aun así, millones de mexicanos no alcanzan ni los 50 litros que tienen los sudafricanos, quienes enfrentan una de las crisis hídricas más severas del mundo.
Más de 35 millones de personas viven en condiciones de escasez extrema de agua y entre 43 y 45 millones enfrentan baja disponibilidad. Además, entre 12 y 15 millones de mexicanos ni siquiera tienen red de distribución y deben acarrear el agua o comprarla.
Por eso, el pasado viernes 15 de mayo, miles de antorchistas del Estado de México se unieron a la protesta nacional no solo por la falta de agua, sino también por la ausencia de un plan hídrico del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien —al igual que el expresidente López Obrador— no ha diseñado una estrategia que garantice agua de calidad en los hogares mexicanos.
En su momento, López Obrador afirmó que era “viable perforar pozos en la zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)” y que se buscaría “traer agua de Hidalgo a través de un acuerdo con el gobierno de esa entidad”.
También habló de la necesidad de modernizar la infraestructura de distribución para reducir fugas y mejorar el abastecimiento urbano. (Animal Político, 14 de febrero de 2024). Sin embargo, esas medidas nunca se concretaron y ahora, en primavera de 2025, el país sufre nuevamente una crisis de agua.
En Ecatepec de Morelos, Estado de México, desde junio de 2023 —o antes— los ciudadanos han protestado públicamente por la falta de agua, y la situación continúa. El pasado martes 13 de mayo, cientos de vecinos desesperados bloquearon la Vía Morelos y otras vialidades del municipio para exigir al gobierno local de Azucena Cisneros y al estatal de Delfina Gómez Álvarez que los doten del líquido. “Tenemos varios meses sin agua y ante las elevadas temperaturas es imposible estar sin ella, por eso tenemos que estar comprando y comprando, pero el dinero no nos alcanza para tanto”.
López Obrador nunca puso en marcha el plan hídrico prometido y la presidenta actual va por el mismo camino. Esta actitud de los políticos de Morena revela el menosprecio hacia las necesidades de los mexicanos, no sólo de los más pobres, sino de todos los ciudadanos.
La situación es grave y se agravará con la llegada del verano y el otoño, cuando la sequía golpea con mayor intensidad.
La escasez de agua ya está afectando la productividad en muchas regiones del país. La falta de riego ha reducido la producción y calidad de los cultivos, lo que ha provocado pérdida de empleos en zonas rurales y encarecimiento de los productos agrícolas, afectando a toda la población.
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